En abril de este año la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley denominado “Protección al domino nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales”, con el objetivo de limitar la venta de tierra a capitales extranjeros y de crear un registro de propiedades. A raíz de esto, diferentes organizaciones agropecuarias están siguiendo de cerca el debate, ya que creen que no se va a implementar una reglamentación justa y distributiva. DIEGO MONTÓN, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), habló con CIUDAD TÓMBOLA y exigió el fortalecimiento del modo de producción familiar para que el pueblo logre una soberanía alimentaria.
Ciudad Tómbola: ¿Qué opinión te merece el proyecto de Ley de Tierras que está impulsando Cristina Kirchner?
Diego Montón: Estamos muy conformes con el hecho de que la propiedad de la tierra se ponga en discusión, ya que es imposible avanzar en la justicia social, en la democracia y en la distribución de la riqueza si no se debate este tipo de políticas. El proyecto de ley que está circulando es una herramienta interesante porque le pone un freno a la presión que imponen los capitales financieros internacionales. Además, es importante que plantee un catastro nacional que permita conocer qué propiedades son extranjeras y qué porcentaje de tierras están en familias campesinas. Sin embargo, hay que profundizar este proyecto porque es determinante el tipo de distribución que se estipule. No sirve de nada si la concentración de tierras pasa de ser extranjera a nacional.
CT: ¿Cuáles son los principales actores que más fomentan este modelo extractivista e impiden un debate profundo en torno a una reforma agraria justa y distributiva?
DM: Fundamentalmente son los sectores que están en la Mesa de Enlace y que tienen alianzas con empresas trasnacionales relacionadas con la agricultura industrial. Esto tiene una continuidad histórica de 200 años de apropiación de tierra, en la mayoría de los casos de manera ilegítima. Ese núcleo se concentra cada vez más y aumenta su rentabilidad. Vuelcan su producción a la soja e intentan maximizar sus ganancias aumentando su superficie y ejerciendo trabajo esclavo. Aquí está el déficit central del proyecto de ley que intenta frenar la extranjerización, pero no limita a las grandes corporaciones nacionales. Lo que se debe aclarar es la función social que se quiere dar a la tierra para discutir realmente cuál es el uso que le debemos dar. Hay que ver cómo poder forjar un modelo agropecuario de carácter nacional y que apunte a la justicia social desde leyes concretas que permitan gestionar el territorio de otra manera.
CT: ¿Qué tipo de modelo plantea el Movimiento?
DM: Es fundamental que el Estado fortalezca la agricultura campesina. Hay que recuperar y desarrollar la soberanía alimentaria para generar productos sanos para nuestro mercado interno y poder combatir el hambre. Nuestro modelo de producción origina trabajo digno, propaga el arraigo con el campo, tiene una relación con la naturaleza que permite un equilibrio ecológico. En contraposición con esto, el modelo de la agroindustria tiene una ecuación energética negativa, ya que se invierte más de la que se obtiene. Por otro lado, genera trabajo en negro y la mayoría de los alimentos son para exportar y los que son para consumo interno están contaminados.
CT: ¿A quién beneficia las medidas que implementa el Ministerio de Agricultura?
DM: Efectuaron políticas contradictorias. Si bien en los últimos años se avanzó en una nueva teoría que empieza a reconocer la agricultura campesina, ya que antes era ninguneada por los organismos de desarrollo social, en términos generales, más del 90% del recurso está direccionado hacia la agroindustria y sólo el 6% a la campesina.
CT: ¿Cuál es funcionamiento que tiene el Foro de Agricultura Familiar?
DM: Desde el principio, fue creado por una resolución de la Secretaría de Agricultura como un espacio de diálogo entre las distintas organizaciones campesinas, las familias y el Estado. Después hubo funcionarios que le quisieron dar la entidad de un movimiento campesino y eso generó confusiones en pequeñas organizaciones locales que no han podido identificar cuál era el objetivo de ese espacio. Lo cierto es que desde el MNCI tenemos una relación fluida con otras agrupaciones gracias a este Foro. Incluso generamos proyectos de ley para frenar desalojos a indígenas o para la comercialización de productos. En ese sentido, logramos construir un espacio común que es autónomo del Estado y, desde el cual, podemos plantear las políticas que necesitamos.







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